El control judicial de los procesos selectivos que se llevan a cabo en las distintas Administraciones públicas viene siendo cada vez más incisivo, lo cual debe presuponer una garantía para los opositores que acudan a los mismos en la confianza de que los principios constituciones de igualdad, mérito y capacidad han de ser los que justamente se respeten para incorporar a los empleados públicos.